Importante
"La Violencia de Género, la Protección de Menores y los Desafíos Jurídicos Asociados al Uso de Nuevas Tecnologías"
En los últimos días, hemos asistido a un giro inesperado (aunque no por ello sorprendente) en la política migratoria española. Aquella Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que durante meses fue ignorada, minimizada o directamente desestimada bajo el argumento de que “el nuevo Reglamento ya ofrece suficientes vías de regularización”, ahora parece que será discutida y aprobada a toda prisa, antes del verano.
¿El motivo? Aún no está claro. ¿Un cambio de conciencia repentino para todos los solicitantes de asilo? ¿Un acto de justicia social? ¿O simplemente una maniobra política para salvar los muebles antes del cierre del curso parlamentario?
Lo cierto es que esta ILP no aparece de la nada. Surge del trabajo incansable de más de 900 organizaciones y miles de personas que han denunciado, con datos y testimonios reales, las trabas legales, la precariedad administrativa y la exclusión sistémica que padecen quienes viven y trabajan en España sin papeles.
De la negación a la urgencia
Durante años, desde los despachos, los tribunales y las entidades sociales, hemos advertido que los cauces ordinarios (arraigo social, laboral o por formación) no son suficientes, no son accesibles, y en muchos casos, no son reales. Lo vemos en los requisitos desproporcionados, en las denegaciones arbitrarias, en los laberintos burocráticos que solo logran perpetuar la irregularidad.
Sin embargo, cuando se propuso una regularización colectiva y garantista, se nos dijo que no era necesaria, que ya teníamos “la mejor legislación posible”. Ahora, esa misma propuesta se recupera con carácter urgente, y parece que habrá que aprobarla «a lo grande». ¿No hubiera sido más sensato escuchar antes a quienes estamos en primera línea?
Como abogada de extranjería, no puedo dejar de ver en esta posible regularización una oportunidad histórica. Pero no por la forma en que llega, sino por lo que puede significar: una salida digna para cientos de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad, que trabajan, cuidan, emprenden y sostienen sectores enteros de nuestra economía.
Sin embargo, también es el momento de exigir que esta regularización no se convierta en un parche electoral ni en una medida simbólica. Debe ir acompañada de cambios estructurales: simplificación de procedimientos, garantías jurídicas reales, y sobre todo, una administración de extranjería que respete los derechos de las personas extranjeras, no que los limite sistemáticamente.
Desde MBGabogada, estaremos pendientes del desarrollo parlamentario, pero también firmes en nuestra postura: una regularización es un acto de justicia, no una concesión. Y llega tarde, muy tarde, para muchas vidas que han esperado demasiado
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